Ley de Servicios Financieros

PORQUÉ ES NECESARIA UNA LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS
RICARDO LUIS PLAUL

Aunque parezca innecesario expresarlo una vez más, no toda la ciudadanía parece saber, que la dictadura cívico- militar del 76 no fue una ocurrencia de sádicos militares que pretendían tomar el poder por el poder mismo o porque venían a poner orden en el caos desatado por organizaciones guerrilleras armadas. Sólo constituyeron el brazo armado de sectores de poder económico, que formando parte de un proceso de imposición del modelo neoliberal, tenían como fundamento la promoción de una concepción del mundo individualista y competitiva, promotora de la concentración económica y la desigualdad social, cultural económica y política. Esto se asentó en cruentos niveles de violencia y autoritarismo y trajo profundos costos para las mayorías sociales en términos de desocupación y precarización del trabajo, ajustes salariales y deterioro de la salud y la educación pública.
Los sectores dominantes pusieron en marcha, a través de la apertura externa de la economía, la desregulación económica y la represión directa, un proceso de disciplinamiento de los sectores populares tendientes a recomponer la tasa de ganancias del capital y a modificar una dinámica socio-política que generaba constantes conflictos.
La política de la dictadura (es bueno recordárselos a los nostálgicos de la botas y la "seguridad") provocó una fuerte devaluación de la moneda, el "sinceramiento" de precios y una salvaje contracción de los salarios cuya participación en el PBI pasó del 48,5% en 1974 a tan sólo 30,4% a fines de 1976.
El modelo económico basado en la producción de bienes industriales fue reemplazado por otro basado en la actividad financiera. La mal llamada "Ley" de Entidades Financieras fue uno de los pilares en los que se sustentó este nuevo modelo que junto a la entrada de artículos importados, la sobrevaluación cambiaria y el cortoplacismo financiero produjo el desmantelamiento brutal del sistema productivo nacional. Esto se tradujo en una significativa contracción del empleo, especialmente en el sector industrial.
El Movimiento Cooperativo resistió, dentro de las posibilidades reducidas de entonces esta Ley que favorecía la concentración bancaria y los intereses extranjeros. En febrero de 1977 quedó sin embargo sancionada la llamada Ley 21.526 de Entidades Financieras que prohibía a las cajas de crédito la posibilidad de operar en lo futuro con cuentas a la vista dándoles sin embargo la posibilidad de transformarse en bancos comerciales conservando su forma jurídica cooperativa. Así fue que cerradas las cajas de crédito surgieron los bancos cooperativos.
Desde entonces el Movimiento Cooperativo viene reclamando ante los sucesivos gobiernos la sanción de una nueva Ley que produzca un cambio substancial en la actividad financiera.
Durante el período hegemónico del pensamiento neoliberal de los 90 el proceso de concentración y extranjerización de los bancos se acentuó y además se gestó la actual Carta Orgánica del Banco Central que lo desvinculó del resto de los organismos decisorios de la política económica. Su misión fue restringida a preservar el valor de la moneda, como si esta función fuera independiente de los niveles de ocupación, del crecimiento del PBI, de la distribución de la riqueza o del poder de los oligopolios formadores de precios.
El Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario acaba de presentar el Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social. Este Proyecto cambia radicalmente el modo de concebir la actividad financiera: se pasa de una ley para bancos a una ley pensada para los usuarios de los servicios financieros. Esta es una transformación esencial para adecuar el sistema financiero a los requerimientos de un modelo de crecimiento con equidad.
El proyecto de ley se basa en la definición de la actividad financiera como servicio público concebido a partir de las necesidades de los usuarios. Esta calificación permite que el Estado la regule y ejerza sobre las entidades la vigilancia, inspección y control, necesarios para garantizar el cumplimiento de sus finalidades sociales.
Tiene además, entre otros, los siguientes aspectos positivos:
* Fomenta la actividad en las localidades de menor desarrollo relativo del interior del país.
* Democratiza los servicios financieros estableciendo un listado de "servicios esenciales" que deberán ser ofrecidos por las entidades a los sectores de menores ingresos de la población.
*  El crédito se orientará además hacia las micro, pequeñas y medianas empresas. El 38% del total de préstamos al sector privado de cada banco debe orientarse a este sector, más un 2% dedicado a los microemprendimientos.
* Se protege al usuario a través de la creación de la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros en el ámbito del Banco Central y se constituye un Departamento de Atención al Usuario de Servicios financieros en cada entidad. La Defensoría se constituirá como una segunda instancia de reclamos interpuestos por los usuarios que no hayan sido satisfechos por los bancos.
* Se encomienda al BCRA la confección de un código de Conducta de cumplimiento obligatorio para todas las entidades.
* Se crea un Régimen de Garantía de los depósitos que hoy está semiprivatizada y hay bancos que no están adheridos. Este régimen de garantía estaría garantizado por el Estado Nacional con un límite de hasta $100.000 por depositante o su equivalente en dólares.
* Ninguna entidad financiera privada podrá tener una participación en el conjunto del sistema superior al 8% . Cuando alguna entidad supere ese límite el BCRA establecerá el procedimiento y plazo de regulación.
* La autorización para el funcionamiento de nuevas entidades de capital extranjero, que actualmente otorga el BCRA, se asignan al Poder Ejecutivo. Este requisito está originado en la importancia y el impacto que pueden tener los bancos extranjeros sobre la competencia del sistema.
Esta iniciativa le presenta a la sociedad un proyecto superador para la actividad financiera como parte de una concepción humanista y solidaria de la actividad humana. Así como apoyamos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como expresión de la voluntad transformadora de la política comunicacional, sostenemos que debe ser reemplazada la aún vigente Ley de la dictadura, por un instrumento que contribuya a la construcción de un modelo económico, social, político y cultural que profundice la democratización de la riqueza y la participación.
Comisión de Asociados del Banco Credicoop, filial Remedios de Escalada